Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, llega en medio de una fuerte polarización y de nuevas alertas institucionales. Las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el lento escrutinio y una década de crisis política han devuelto al centro del debate la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que condensa el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que sigue influyendo en la decisión de los votantes.
La disputa vuelve a concentrarse en el eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue favorable a sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también reproduce la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una simple competencia electoral, el proceso retrata a un país atrapado entre bloques enfrentados, mientras persisten las dudas sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para dar certidumbre.
A ello se añade un electorado atravesado por el desencanto y la indecisión, tras años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones derivaron en escrutinios prolongados. La combinación de una logística compleja, un sistema burocrático de impugnaciones y la desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la mirada puesta no solo en quién resulte ganador, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que deja abierta la primera vuelta.
