El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco prisiones de alta seguridad, una medida que lleva la crisis penitenciaria a un terreno excepcional e incluye restricciones en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La disposición del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
En esa franja se suspenden derechos constitucionales asociados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, mientras la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se encargará de las tareas de resguardo en el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. El Gobierno afirma que la decisión apunta a fortalecer la seguridad ciudadana, mantener el control policial de los centros y prevenir posibles fugas, aunque el alcance de la intervención deja en primer plano la magnitud del problema que intenta contener.
De acuerdo con el propio Ejecutivo, habrá control estricto de accesos, labores de inteligencia y operativos permanentes para decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en poder de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, respaldó la medida y señaló que el Gobierno impulsa acciones contra la inseguridad desde distintos sectores, incluso mientras espera la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un planteamiento que refuerza la exigencia de seguimiento público sobre resultados concretos de una medida que ya impacta garantías en el entorno de las cárceles.