La decisión del Gobierno de Luis Abinader de pignorar 8 millones de libras de carne de pollo, planteada como una forma de “garantizar la estabilidad del mercado, proteger a los productores y asegurar precios justos para los consumidores”, no ha logrado disipar la tensión en el mercado. El producto continúa en medio de un tira y jala entre autoridades, productores y comerciantes, mientras colmaderos y picadores de los barrios se resisten a bajar el precio del pollo fresco de 80 y 90 pesos la libra y en los supermercados se mantiene a 84 pesos las 16 onzas.
La medida, adoptada en una reunión encabezada por el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, junto a representantes de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) en el Club Cerro Alto, de La Vega, estará vigente hasta el 31 de agosto de este año. Sin embargo, el contraste entre el objetivo oficial y los precios que siguen pagando los consumidores pone sobre la mesa la necesidad de vigilancia y de explicaciones sobre el alcance real de la intervención.
Al mismo tiempo, el texto recuerda que la ganadería es clave para el desarrollo socioeconómico de América Latina y para la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria. En ese marco, el episodio del pollo vuelve a situar el foco en la capacidad de las autoridades para traducir decisiones de mercado en un alivio efectivo para la población, más allá del anuncio de medidas.