La decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, vinculado a la Operación XL526, vuelve a poner bajo presión a una estructura que, según el Ministerio Público, extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos mientras movía recursos de presunto origen ilícito dentro del sistema financiero. La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también declaró complejo el proceso por la cantidad de imputados, víctimas y el carácter organizado del caso.
Según la acusación, Peña Cabrera registró movimientos financieros que no se correspondían con su perfil económico, entre ellos la recepción de dólares mediante remesas y divisas sin una actividad económica lícita relevante que los respaldara. El Ministerio Público sostiene que esos recursos habrían sido introducidos al sistema financiero por medio de transferencias bancarias y del transporte de dinero en efectivo para ocultar su procedencia, y que después se usaron en la compra de viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que no puede justificar.
El expediente nació a partir de la Operación XL526, ejecutada el 2 de junio con 35 fiscales, 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata y varios arrestos con fines investigativos. Las autoridades sitúan la base operativa de la red en Jacagua, Santiago, y le atribuyen un funcionamiento internacional apoyado en el dominio del inglés y en herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Con al menos 18 víctimas identificadas y más de 700 elementos probatorios, el avance judicial subraya no solo la dimensión del caso, sino la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas ante una estructura que logró operar antes de ser desmantelada.