SANTO DOMINGO. – El avance del proceso penal contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria a través de medios digitales reabre un foco de vigilancia sobre señalamientos que tocaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado. El caso, que podría derivar en su extradición y comparecencia obligatoria ante tribunales dominicanos, fue iniciado por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Según la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio publicó en redes sociales contenidos en los que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de alegadas irregularidades. La denuncia sostiene que esas acusaciones carecían de sustento, fueron difundidas públicamente para afectar la reputación y credibilidad de los denunciantes e incluyeron referencias a la esposa del empresario con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción fue presentada al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes afirman que las expresiones atribuidas a Rubio trascendieron la opinión y se convirtieron en imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente añade una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.