La posibilidad de que fiscales federales en Estados Unidos formulen cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves civiles de “Hermanos al Rescate” vuelve a situar en primer plano una vieja exigencia de responsabilidad por un episodio que dejó cuatro activistas muertos. Si bien el Departamento de Justicia no ha confirmado de manera oficial la acusación, medios estadounidenses informan sobre avances en la preparación del caso y apuntan a que podría anunciarse durante un acto conmemorativo en Florida.
El hecho se produjo el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna fueron interceptadas y derribadas por aviones militares MiG-29 de Cuba. En ese momento, Raúl Castro estaba al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba bajo el gobierno de Fidel Castro. Las autoridades cubanas alegaron entonces que las aeronaves habían violado repetidamente el espacio aéreo nacional y representaban una amenaza; sin embargo, investigaciones posteriores de la Organización de los Estados Americanos concluyeron que los aviones fueron destruidos fuera del espacio aéreo cubano, lo que dio pie a acusaciones de violación del derecho internacional.
La eventual acusación aparece en un momento en que Washington intensifica la presión sobre el gobierno cubano. En ese marco, el caso vuelve a mostrar el contraste entre la versión oficial difundida entonces por La Habana y las conclusiones internacionales sobre lo ocurrido, reavivando el foco sobre las explicaciones pendientes y la responsabilidad por una acción militar que provocó condena inmediata.