La confrontación entre Washington y La Habana escaló este jueves después de que Estados Unidos incluyera al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su lista de sancionados, junto a varios familiares y entidades vinculadas al Estado. La decisión, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, refuerza la presión sobre la estructura de poder cubana y vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras y organismos centrales del aparato oficial.
Además de Díaz-Canel, fueron sancionados la primera dama Lis Cuesta Pedraza; su hijo, Manuel Anido Cuesta; Alejandro Castro, hijo del expresidente Raúl Castro; y el propio Raúl Castro. La medida también alcanzó al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la empresa minera La Victoria, en un nuevo episodio del endurecimiento impulsado por la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano.
La Habana respondió de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó la decisión como una acción “vil” y la atribuyó a un “plan intervencionista estadounidense” para presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. En medio de esa escalada, Rusia confirmó conversaciones con Washington sobre la situación de la isla, un dato que subraya el alcance internacional de una crisis que vuelve a tensar el escenario político alrededor del régimen cubano.