El Senado de la República autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un préstamo de 11,600 millones de pesos, equivalentes a 200 millones de dólares, que serán destinados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. Según la versión oficial, los recursos buscan contribuir a la movilidad segura, mejorar la seguridad vial en entornos escolares y fortalecer la gestión, la fiscalización, la educación y la atención a víctimas.
El plan incluye tres ejes: construcción de infraestructuras, intervención de puntos críticos en carreteras, programas de educación vial y la puesta en marcha de la licencia por puntos, una combinación que vuelve central la vigilancia sobre cómo se traducirá el endeudamiento en resultados verificables para la ciudadanía. El documento detalla que 139 millones de dólares, el 63.4% del total, se concentrarán en la intervención de puntos críticos en corredores troncales. Esa partida financiará levantamiento de información, diseños técnicos con metodología iRAP y obras en la Carretera Sánchez, la Autopista de las Américas, la Autovía del Este y la Autopista del Nordeste.
La ejecución quedará a cargo de Obras Públicas, con trabajos como cambios de rasante o peraltes, diseño universal, rehabilitación de pavimento, señalización horizontal y vertical y cierre de cruces informales, en un esquema que coloca sobre el Gobierno la presión de rendir cuentas más allá del anuncio del préstamo.