Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha forjado su imagen pública como un combatiente de la corrupción y defensor de la población, con un relato centrado en la elevada cantidad de presos de organizaciones criminales y en las sanciones adicionales aplicadas cuando se producen protestas en las cárceles. Ese perfil le ha aportado prestigio y lo ha convertido en una referencia para numerosos países.
Pese a ello, sus intervenciones públicas suelen concentrarse en la victoria frente al pandillerismo, mientras pasa a un segundo plano el avance de las acciones orientadas a lograr condenas contra antiguos funcionarios y gobernantes por corrupción. Esa ausencia pesa más porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para impulsar el progreso del país si hay quienes lo están robando.
A la vez, han empezado a difundirse reportajes que sostienen que Bukele estaría favoreciendo a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Estas denuncias reactivan la demanda de control sobre el uso de los recursos públicos y colocan bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.