Una disposición de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (SNS) puso bajo presión la continuidad de servicios esenciales en hospitales públicos, al conceder un plazo de 15 días para aplicar la Resolución No. 33 sobre contratos de comodato. La medida, encabezada por el doctor Julio César Landrón, afecta áreas que hoy sostienen servicios de imágenes médicas, laboratorio, diálisis y hemodiálisis mediante alianzas público-privadas.
Según el propio contexto descrito en la comunicación oficial, el punto crítico es que la decisión avanza sin que antes se hayan establecido mecanismos que garanticen la continuidad inmediata de esos servicios en toda la red hospitalaria. La instrucción fue remitida a la licenciada Yoany Arias Castro, directora de Laboratorios Clínicos e Imágenes del SNS, para coordinar el cumplimiento de lo pactado en esos instrumentos legales. En medio de esa ejecución, especialistas consultados advierten que un eventual desmantelamiento de laboratorios y áreas diagnósticas podría tener graves consecuencias para miles de pacientes que dependen de análisis clínicos, procedimientos de diálisis, hemodiálisis y estudios especializados.
Hoy, esos servicios operan con un esquema en el que el SNS adquiere insumos para tratamientos y procedimientos médicos, mientras empresas contratadas suministran y dan mantenimiento a los equipos tecnológicos. La advertencia de que el reequipamiento de esas áreas podría tardar al menos dos años refuerza la preocupación sobre la estabilidad operativa del sistema hospitalario nacional y abre un nuevo frente de fiscalización sobre una gestión que, en lugar de despejar incertidumbres, deja en primer plano el riesgo para la atención de los pacientes.