El Ministerio Público depositó ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los apresados en la Operación XL526, expediente en el que investiga una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos. En el caso figuran como presuntos cabecillas Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros imputados señalados como miembros operativos.
Pese a ese avance, el proceso quedó marcado por reclamos de la defensa sobre garantías básicas. Abogados denunciaron que hasta este jueves no habían sido notificados formalmente de la instancia depositada y que tampoco habían tenido acceso completo a sus representados para preparar sus estrategias legales, una situación que introduce presión sobre la transparencia del procedimiento en una causa de alto perfil.
Kilvio González, abogado de Danny Rafael Laguar Ferreira, afirmó que su defendido es ingeniero civil y negó su vinculación con la estructura investigada. También explicó que la solicitud de coerción habría sido depositada alrededor de las tres de la madrugada y que todavía estaba en proceso de organización y cotejo de pruebas, lo que, según dijo, retrasó la notificación a las distintas defensas. En medio de la gravedad de las acusaciones, las denuncias sobre debido proceso colocan el foco no solo en los imputados, sino en la obligación de las autoridades de sostener el caso con apego estricto a las reglas.