La decisión del Banco Central de subir en un cuarto de punto el precio del dinero se produce en un escenario en el que la inflación continúa por encima del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 %. Aunque el PIB real creció 3.8 % en agosto frente al mismo mes del año anterior, el ajuste monetario vuelve a colocar sobre la mesa una realidad menos favorable para la ciudadanía: el costo de frenar los precios regresa a la economía mientras persisten presiones que no han sido resueltas.
Las cifras mencionadas en el texto indican que la inflación cerró en 5.67 % en junio y en 5.13 % en agosto de 2026, empujada por el encarecimiento del petróleo. La inflación subyacente bajó a 4.76 %, dentro de la meta, pero el problema general sigue vinculado al efecto de los combustibles. En ese marco, el ministro de Hacienda y Economía calcula que el subsidio podría pasar de RD$50,000 millones si se mantiene el conflicto en el medio oriente, lo que refleja una presión simultánea sobre los precios y las finanzas públicas.
El debate sobre recortar o eliminar ese subsidio deja ver el contraste entre la necesidad presupuestaria del gobierno dominicano y el costo social de esa medida. Según el texto, reducirlo tendría sentido desde la óptica del presupuesto público, pero también elevaría la inflación, frenaría el crecimiento de las actividades económicas y afectaría el poder adquisitivo de los hogares. La subida de tasas, sumada a esa disyuntiva fiscal, refuerza la exigencia de vigilancia sobre Hacienda y sobre la respuesta oficial ante un shock energético que ya golpea el consumo, el transporte y la producción.