La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en un escenario marcado por dudas sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte sostuvo que el debate no debería limitarse a cuánto se toma prestado, sino a para qué se asume esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado aplica la misma disciplina fiscal que exige a la población.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones del monto aprobado irían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que favorecería principalmente a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Frente a esa situación, propuso evaluar alianzas público-privadas para que el sector privado aporte en el financiamiento de infraestructuras que le servirán de forma directa a sus empresas.
Marte advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública incrementa la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, reduce el margen de respuesta ante futuras crisis, eleva la vulnerabilidad frente a subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias debido al servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. Además, criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que especifique qué partidas serán recortadas, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.