Un informe presentado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que, pese a los avances reportados por la justicia dominicana en capacidad de respuesta y digitalización, siguen en pie barreras que limitan el acceso real de la ciudadanía a los servicios judiciales. El estudio identifica trabas vinculadas con los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las capacidades para usar herramientas digitales, lo que vuelve a poner el foco sobre la distancia entre la modernización institucional y la experiencia concreta de quienes necesitan justicia.
La investigación “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, elaborada en alianza con el Poder Judicial, recoge ocho hallazgos y formula 11 recomendaciones para que esos avances se traduzcan en procesos más accesibles, respuestas oportunas y mayor protección de derechos. Aunque el sistema registra una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, con diferencias entre territorios, y más de tres millones de documentos han sido firmados digitalmente, además de que alrededor del 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica, el propio informe subraya que la eficiencia por sí sola no resuelve los obstáculos que enfrentan las personas para iniciar o sostener un proceso. Durante la presentación, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, sostuvo que el reto es consolidar esos avances para garantizar un acceso efectivo y equitativo a la justicia en todo el país. El estudio también advierte que las necesidades de justicia no son iguales en todos los territorios y que una menor cantidad de expedientes no necesariamente implica menos conflictos.
Sobre la digitalización, reconoce que los servicios electrónicos pueden reducir traslados, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos, pero plantea mantener mecanismos que eviten que la modernización termine excluyendo a quienes ya enfrentan mayores dificultades.