La entrada en vigor del nuevo Código Penal no solo cambia reglas para las empresas: también abre un escenario de mayor vigilancia y exigencia de controles internos ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así lo planteó el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, al advertir que el sector empresarial tendrá que prepararse para gestionar un riesgo penal que ahora pasa a formar parte de la operación de las organizaciones.
Durante la apertura del Encuentro Industrial «Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad», actividad en la que participó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, Brache sostuvo que la nueva legislación sustituye un marco normativo con más de un siglo de vigencia. Pero junto a esa transición, señaló que no bastarán manuales o códigos formales: las empresas deberán identificar amenazas, establecer controles efectivos, formar al personal y habilitar canales de denuncia e investigación de irregularidades. El propio dirigente empresarial reconoció que el cambio normativo deja interrogantes sobre los criterios de aplicación de la responsabilidad penal en los órganos de dirección y sobre los estándares de cumplimiento exigidos.
Ese cuadro coloca el foco en la rendición de cuentas y en cómo se aplicará en la práctica una reforma presentada como fortalecimiento de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal, pero que ya obliga al sector a revisar su capacidad real de prevención, supervisión y respuesta ante posibles irregularidades.