En Jimaní, el Gobierno dominicano puso en marcha la construcción de 14.5 kilómetros de verja perimetral fronteriza como parte de la segunda etapa de la obra, un paso más dentro de la estrategia oficial para la frontera que vuelve a colocar bajo examen la necesidad de mostrar resultados concretos más allá del anuncio. Los trabajos, ejecutados a través del Ministerio de Defensa, estuvieron encabezados por el ministro Carlos Antonio Fernández Onofre junto a mandos militares, autoridades civiles y la gobernadora provincial Mercedes Novas.
El tramo, situado en la Hoya de Enriquillo frente al lago Azuey o lago del Fondo, tendrá 13 pies de altura e incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y calles de patrullaje de siete metros de ancho en conjunto a ambos lados de la estructura. Según se explicó durante la actividad, estas facilidades apuntan a reforzar la vigilancia, facilitar el desplazamiento militar y agilizar la respuesta ante cualquier situación que comprometa la seguridad en la zona.
Sin embargo, el propio marco expuesto por las autoridades pone el foco en la fiscalización: el área arrastra desde hace décadas problemas relacionados con el trasiego irregular de mercancías y otras actividades ilícitas. Aunque se aseguró que los controles del Ejército y el CESFRONT han reducido de forma considerable esas prácticas, la apertura de esta nueva fase bajo la estrategia “Frontera Fuerte”, impulsada por disposición del presidente Luis Abinader, vuelve a contrastar el discurso de control con la persistencia de desafíos que siguen exigiendo vigilancia institucional, rendición de cuentas y resultados verificables en seguridad fronteriza.