La decisión del presidente Luis Abinader de asumir las riendas del oficialista PRM reactivó un debate que el propio texto vincula con una tradición de caudillismo que el país no ha logrado superar. Más que un movimiento interno, el paso del mandatario instala una alerta institucional: compartir la conducción del Gobierno con la dirección de su partido ocurre mientras esa organización se prepara para escoger su candidatura presidencial de 2028, un proceso en el que se juega su permanencia en el poder.
Abinader dijo desde el inicio que no asumió esa responsabilidad para imponer a un “heredero o heredera”, con la intención de preservar una imagen de árbitro imparcial. Pero el contraste entre discurso y realidad queda abierto, porque esa promesa solo podrá sostenerse si sus acciones convencen a los aspirantes del PRM de que competirán en igualdad de condiciones y de manera democrática, no solo si así se declara.
El punto de fondo, sin embargo, trasciende la interna oficialista. El propio planteamiento subraya que la obligación del mandatario es garantizar a la mayoría que no pertenece al PRM que esta nueva carga política no desviará su atención ni sus energías de gobernar un país complejo. Ahí queda la exigencia de rendición de cuentas: si la sucesión anticipada gana espacio dentro del oficialismo, crecerá también el escrutinio sobre si el Gobierno está concentrado en resolver los problemas nacionales o en administrar el desgaste de su proyecto de poder.