Un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), mediante CAPEL, y divulgado por la Junta Central Electoral (JCE), propone la creación de una Procuraduría Electoral con presupuesto propio y fiscales de carrera en funcionamiento permanente. La sugerencia parte de un diagnóstico institucional sensible: la percepción de debilidad en la aplicación de consecuencias frente a los delitos electorales está influyendo en la desafección ciudadana con el proceso.
El documento identifica entre los problemas las percepciones sobre “prácticas de compra de cédulas y sobornos”, además de un régimen de consecuencias frágil que transmite al elector “una sensación de baja eficacia del sufragio”. A partir de ahí, la idea de una estructura con más autonomía y permanencia reabre la discusión sobre la capacidad efectiva del sistema para perseguir irregularidades y dar garantías antes, durante y después de las elecciones.
El estudio también recoge cuestionamientos sobre el momento en que actúa la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. En las entrevistas se indica que esa instancia se activa “muy tarde”, apenas semanas antes de los comicios, y se plantea adelantar las investigaciones para desarticular redes ilícitas. Como parte de las medidas de fortalecimiento institucional, el informe además propone diálogos de sensibilización para que las organizaciones aporten pruebas fehacientes ante denuncias de irregularidades, en una señal de que la vigilancia y la rendición de cuentas siguen siendo tareas pendientes.