En República Dominicana, atender un trastorno de salud mental se ha convertido en una carga económica que desborda a la mayoría de las familias. Un levantamiento realizado por el periódico Hoy en centros y consultorios privados sitúa las sesiones psicológicas entre RD$2,500 y RD$6,000, de modo que un esquema básico de cuatro consultas al mes puede costar entre RD$10,000 y RD$24,000, por encima del salario mínimo promedio en el país.
La presión no termina ahí. A ese gasto se agregan las consultas psiquiátricas, que suelen ser más costosas que las de psicología, y los tratamientos con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo, que suman miles de pesos al presupuesto recurrente del paciente. En la práctica, la continuidad médica queda reservada para quienes pueden sostenerla, en un escenario donde la cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) dentro del Seguro Familiar de Salud sigue siendo escasa o nula para consultas psicológicas y medicación psiquiátrica continuada.
Frente a ese contraste entre necesidad y respuesta institucional, organizaciones de la sociedad civil han insistido en que la salud mental integral sea incorporada como un derecho fundamental dentro del catálogo de prestaciones básicas. El reclamo apunta a ampliar el acceso a especialistas y a descentralizar las unidades de atención, en medio de una realidad que vuelve el cuidado emocional un privilegio y coloca bajo escrutinio la capacidad del sistema para responder a una prioridad ciudadana.