El anuncio de doce grandes reformas fue presentado por el presidente Luis Abinader como uno de los hitos de su primer año de gobierno y como base de una “segunda restauración institucional y material” del país. La agenda incluía cambios fiscales, laborales y de seguridad social, además de electricidad, agua, hidrocarburos, Policía Nacional, educación, transporte y modernización del Estado, con el Consejo Económico y Social convocado para articular una concertación nacional.
Cinco años después, el propio balance obliga a separar discurso y resultados. Según cifras oficiales, más de 300 trámites públicos fueron simplificados y digitalizados, y se registran 21 procesos de cambios institucionales, entre ellos la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía. Pero el núcleo de las reformas de mayor impacto político y social sigue sin concretarse: la reforma fiscal fue sometida y luego retirada por el Ejecutivo, para terminar en una ley mucho más limitada; la laboral continúa atrapada en el Congreso; la de seguridad social no avanza; la reforma policial volvió a la agenda tras perimir en la Cámara de Diputados; la Ley de Aguas sigue pendiente y en hidrocarburos apenas se ha retomado la intención de revisar la legislación vigente. El saldo deja abiertas preguntas sobre la capacidad del gobierno dominicano para convertir anuncios en decisiones sostenibles y sobre el papel del Congreso frente a una agenda que fue presentada como prioritaria.
También coloca bajo escrutinio la conducción política de Abinader y la eficacia de la concertación prometida, en especial en áreas como Hacienda y la reforma fiscal, donde el contraste entre la magnitud del discurso oficial y el alcance real de lo aprobado sigue marcando una brecha de resultados y explicaciones pendientes para la ciudadanía.