La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social, al advertir que el nuevo esquema de per cápita diferenciado para distribuir recursos del Seguro Familiar de Salud podría impactar la cobertura y la calidad de la atención médica de cerca de un millón de dominicanos. La entidad pidió además que el caso sea conocido con extrema urgencia y que la disposición quede suspendida de manera provisional.
La resolución introduce un modelo que asigna recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud según variables como edad y sexo de los afiliados. Aunque el esquema prevé mayores asignaciones para grupos que, de acuerdo con los cálculos utilizados, demandan más servicios médicos, la CNDH sostiene que otros segmentos, en especial jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, podrían quedar con una asignación inferior, abriendo un frente de alerta sobre la protección efectiva dentro del sistema. El recurso plantea que el Tribunal Constitucional determine si la medida respeta los derechos a la igualdad, la seguridad social y la salud, así como las garantías del debido proceso previstas en la Constitución.
También cuestiona si la resolución se ajusta al artículo 3 de la Ley 87-01, que fija principios de universalidad, solidaridad, equidad y equilibrio financiero, en un nuevo episodio de fiscalización sobre decisiones públicas que terminan bajo escrutinio por su posible choque entre diseño técnico y consecuencias reales para los afiliados.