Perú anunció este jueves su ingreso al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional promovida por Donald Trump, luego del encuentro en el Palacio de Gobierno entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La medida fue presentada por Fujimori como parte de la estrategia para enfrentar “la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana”, dos asuntos que siguen presionando a los gobiernos de la región.
En la declaración conjunta, la mandataria aseguró que la adhesión permitirá a Perú “obtener información más rápido y actuar con más firmeza”, y reiteró que “la soberanía de Perú está intacta”. Rubio, por su parte, dijo que los grupos criminales operan como redes terroristas transnacionales con capacidad económica y alcance regional, y afirmó que también constituyen “una amenaza directa a Estados Unidos”.
La entrada de Perú en una iniciativa en la que ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump refuerza el peso político del anuncio, aunque también deja sobre la mesa la exigencia de resultados verificables frente a una crisis de seguridad que no se resuelve con declaraciones. En ese contraste entre discurso y realidad regional, el movimiento vuelve a colocar la necesidad de fiscalización pública sobre los compromisos de seguridad, una alerta institucional que también interpela al gobierno dominicano cuando la agenda oficial privilegia la narrativa por encima de explicaciones concretas sobre sus propios resultados.