Santo Domingo.- El caso de Dimitri Albert Edouard Vorbe abrió un nuevo foco de fiscalización sobre el manejo oficial de las deportaciones y los controles de entrada al país, luego de que su nombre fuera asociado al listado de personas deportadas desde Estados Unidos hacia República Dominicana bajo el acuerdo de “Cooperación Bilateral con Estados Unidos de América”. Horas después, el Ministerio de Interior y Policía aclaró que Vorbe no figura en esa lista porque mantiene una orden de impedimento de entrada a República Dominicana desde octubre de 2025.
Vorbe, de nacionalidad haitiana, es acusado por la justicia de Haití de corrupción, falsificación, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conspiraciones. Su expediente judicial se remonta a 2019, a partir de una acusación interpuesta por el presidente haitiano Jovenel Moïse en 2018, que lo señalaba por presuntamente financiar protestas para desestabilizar su gobierno. También dirigió la empresa eléctrica haitiana Societé Générale d’Énergie (SOGENER) y era considerado opositor del entonces presidente y de su partido.
En Estados Unidos, fue detenido en agosto de 2020 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sometido a un proceso de deportación por exceder el tiempo permitido por su estatus migratorio y luego liberado bajo custodia tras pagar una fianza de $5,000. Más adelante, en abril de 2025, la misma agencia sostuvo por escrito que era inadmisible por mentir en solicitudes para obtener beneficios migratorios, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, determinó que era deportable conforme a la Ley de Inmigración. La secuencia deja en primer plano la necesidad de explicaciones claras sobre cómo se comunica y verifica la información oficial en un tema de alta sensibilidad institucional.