La petición de subsidios directos hecha por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD) reabrió el debate sobre el impacto de la decisión del presidente Luis Abinader de eliminar mediante decreto el arancel de 20 % al arroz procedente de Estados Unidos. Aunque Graciano Jiménez valoró la medida, advirtió que la entrada de un producto subsidiado y de menor costo puede golpear la rentabilidad del sector, desplazar la producción local y llevar a la quiebra a productores dominicanos.
Durante una asamblea con comerciantes celebrada el domingo en el local de Codopimes, en Plaza Central, Jiménez sostuvo que el Gobierno debe diseñar un plan estratégico con subsidios directos para evitar que la producción nacional quede en desventaja frente al arroz estadounidense. Según explicó, la diferencia de costos permitiría comercializar el cereal importado a precios inferiores a los del dominicano, con efectos directos sobre los agricultores y sobre la capacidad del país para sostener su propia oferta alimentaria.
El planteamiento también coloca bajo escrutinio la preparación oficial frente a un escenario conocido desde hace años. Jiménez recordó que el país dispuso de 24 años para prepararse ante los efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero afirmó que los gobiernos no impulsaron las iniciativas necesarias. Con ese señalamiento, la discusión deja de ser solo comercial y pasa a una alerta institucional sobre decisiones que, sin medidas de respaldo, trasladan el costo a los productores nacionales.