La propuesta de reforma a la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP) fue presentada como un intento por agilizar proyectos de infraestructura y servicios públicos, en un contexto en el que el propio esquema actual reconoce tiempos de evaluación, estructuración y adjudicación de entre 24 y 36 meses.
Durante un simposio sobre la iniciativa, el titular de la institución, Andrés Lugo Risk, explicó que los cambios buscan fortalecer la capacidad del Estado y crear mejores condiciones para atraer inversión privada. Entre las modificaciones planteadas figura reducir esos plazos a entre 10 y 18 meses, con procedimientos ajustados a la complejidad de cada proyecto. Angelo Gómez, subdirector de Contratos, también expuso una metodología para aplicar las mejoras y planteó reforzar la capacidad estatal para identificar y preparar iniciativas, además de crear mecanismos para financiar estudios técnicos, jurídicos y financieros antes de convocar inversionistas. La reforma incluye además la optimización de activos públicos, de modo que empresas privadas puedan invertir en determinadas instalaciones estatales y gestionarlas mediante contratos que definan distribución de ingresos y riesgos, sin que eso implique necesariamente transferir la propiedad.
El alcance de esos cambios, junto con las nuevas reglas de financiamiento y de reparto de responsabilidades entre el Estado y el sector privado, coloca el foco sobre la ejecución real de la reforma y sobre los controles que deberán acompañar un modelo que el Gobierno ahora busca acelerar tras admitir las limitaciones del marco vigente.