La discusión sobre vivienda en República Dominicana volvió a colocar bajo escrutinio un problema que sigue abierto: el déficit habitacional y las limitaciones del Estado para responder con una política efectiva. En un seminario nacional con 80 representantes del Estado, la academia, organizaciones sociales y comunidades, se identificaron como obstáculos centrales el financiamiento público, la ejecución del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032 y la necesidad de garantizar acceso a una vivienda adecuada.
Los participantes advirtieron que la política habitacional no puede reducirse a levantar unidades residenciales mientras persisten problemas de planificación territorial, acceso a servicios públicos, seguridad jurídica y participación comunitaria. El diagnóstico también incluyó el acceso al suelo, la disponibilidad de servicios básicos, la seguridad en la tenencia de las propiedades y la inversión pública destinada a vivienda social, en un contraste que vuelve a poner presión sobre la capacidad de gestión del gobierno dominicano para traducir planes en resultados verificables. Durante el encuentro, titulado «Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas», se examinó tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo.
Uno de los puntos centrales fue que la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032 requiere recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento para medir resultados, una alerta institucional que refuerza la exigencia de fiscalización sobre una política pública que, según lo debatido, todavía enfrenta brechas clave entre diseño y ejecución.