Las pequeñas empresas y los emprendimientos de baja escala que podrían contribuir a reducir la pobreza continúan operando en desventaja, en un entorno atravesado por burocracia compleja, desigualdades impositivas y costos institucionales que golpean su rentabilidad. El diagnóstico muestra además el contraste entre el discurso de apoyo a las Mipymes y la realidad de negocios débiles de capital que, aparte de competir en condiciones adversas, enfrentan exigencias como la incorporación de nóminas a la Seguridad Social.
En varios sectores, los afectados describen un mercado distorsionado. Los detallistas de gasolina se quejan de márgenes de ganancias reducidos o congelados por intermediarios grandes; las cadenas de farmacias desplazan a las boticas barriales; y los comerciantes de provisiones denuncian que compiten con operadores que evaden al fisco y violan el código de trabajo. Para liderazgos mayoristas y detallistas, ese escenario constituye una amenaza para la estabilidad macroeconómica.
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, ha sostenido que el Estado debe intervenir con auditorías las anomalías del sector farmacéutico que asfixian a establecimientos tradicionales y pequeños. En esa misma línea, la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) advirtió: “La competencia desleal es una práctica destructiva que opera al margen de la ley, genera distorsiones en el mercado nacional y provoca pérdidas millonarias al propio Estado por evasión fiscal”. El señalamiento vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad oficial para fiscalizar, corregir distorsiones y evitar que una oportunidad de alivio social quede bloqueada por falta de control efectivo.