La condena dictada por el Noveno Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional contra Regino Martín Aza Ovalle vuelve a colocar bajo escrutinio el impacto del fraude eléctrico sobre el sistema y las finanzas públicas. El empresario, propietario de un establecimiento de expendio de agua potable, fue hallado culpable de sustraer energía en perjuicio del Estado dominicano y de Edeeste, en un caso que terminó con una sentencia de tres años de prisión y obligaciones económicas que superan los RD$14 millones.
La investigación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico estableció que el imputado utilizaba una conexión irregular de alta complejidad. Durante un allanamiento realizado en febrero de 2024 en la calle Respaldo María Montes, las autoridades verificaron una línea directa en media tensión de 7,200 voltios, instalada sin autorización para alimentar siete transformadores de distribución. El tribunal ordenó el pago de RD$13,226,649.90 por energía consumida y no facturada, además de un millón de pesos por daños y perjuicios.
Aunque la pena de prisión fue suspendida de forma total, la sentencia impone condiciones de cumplimiento estricto, entre ellas residir en un domicilio fijo, no incurrir en exceso de alcohol, no portar armas y completar 50 horas de trabajo comunitario. El caso deja en evidencia la magnitud que puede alcanzar la sustracción ilegal de energía antes de ser detectada y reabre la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre un problema que termina trasladando costos al sistema eléctrico y a los ciudadanos que sí pagan el servicio.