La discusión sobre la licencia de conducir para envejecientes volvió a situarse en la forma en que el Estado aplica controles que impactan de manera directa a los ciudadanos. A partir de un caso ocurrido en una oficina del Intrant, el texto expone la inconformidad de un conductor que, luego de renovar su documento por dos años, cuestionó la limitación y alegó una violación constitucional por supuesta discriminación por edad.
La reducción de la vigencia para mayores de 65 años no es nueva: está recogida en el decreto-reglamento 6-19, emitido por el entonces presidente Danilo Medina. Para las categorías 01, 02 y 05, la vigencia se reduce a dos años, y para las profesionales 03 y 04, a un año, bajo el argumento de mantener una evaluación constante de las condiciones de salud con fines de seguridad vial.
Aunque el texto presenta la medida como una decisión de lógica científica y recuerda que existen restricciones similares en otros países, el episodio descrito también deja abierta una cuestión de fondo: no solo importa la norma, sino la manera en que se aplica. En un tema tan sensible como la movilidad y la seguridad vial, el debate vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional, criterios claros y explicaciones suficientes para evitar que controles legítimos terminen percibiéndose como arbitrariedad o maltrato ciudadano.