La imposición de un arancel adicional de 12.5 % por parte de Estados Unidos a mercancías dominicanas, bajo alegatos de trabajo forzoso, colocó al Gobierno dominicano bajo una nueva presión en un frente sensible para la economía. Desde el PRD, Miguel Vargas Maldonado pidió una respuesta urgente del Poder Ejecutivo y alertó que la falta de reacción puede traducirse en empresas afectadas, pérdida de puestos de trabajo y menores ingresos para miles de familias.
El dirigente opositor planteó una ofensiva diplomática como primera línea de contención: enviar en un plazo no mayor de 72 horas una comisión de alto nivel a Washington para procurar la revisión del gravamen y activar los mecanismos de solución de controversias del DR-CAFTA. A esa ruta sumó un Plan Nacional de Verificación Laboral con auditorías independientes, con el objetivo de demostrar el cumplimiento de las normas de trabajo y responder a un señalamiento que ahora golpea la credibilidad exportadora del país. La propuesta del PRD también incluye un fondo temporal de contingencia para empresas afectadas, una mesa de diálogo entre Gobierno, empresarios y centrales sindicales, y la aceleración de la diversificación de mercados hacia Europa, América Latina y Asia.
Aunque reiteró su rechazo a cualquier forma de trabajo forzoso, Vargas cuestionó la falta de una reacción oficial a la altura del impacto potencial, en un episodio que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de gestión del Ejecutivo ante riesgos externos con consecuencias directas sobre el empleo y la estabilidad productiva.