La experiencia de Gallup en distintos procesos electorales vuelve a colocar sobre la mesa un problema de fondo: la presión que acompaña a las mediciones cuando sus resultados incomodan a sectores políticos y de poder. El texto repasa años de “traición, maltrato y difamación” contra la firma desde 1990 y señala que esos episodios reaparecen en cada campaña, en un ambiente donde la descalificación termina desplazando el debate sobre los datos.
El autor afirma que, desde 1996, las diferencias netas de Gallup respecto de las juntas electorales han rondado el 1%, aunque insiste en que las encuestas no son predictivas ni infalibles. Pese a ello, denuncia ataques de “sicarios radiofónicos de gobiernos y partidos”, como muestra de cómo el clima electoral puede degradarse cuando se busca desacreditar información adversa en lugar de someterla al contraste público.
Entre los ejemplos que rescata figura uno de los momentos más tensos: una encuesta de 1994 encargada por un grupo allegado a la PUCMM que registró un empate virtual entre Peña Gómez, con 37.8, y Balaguer, con 38%. Más que una simple anécdota, el episodio queda planteado como una advertencia institucional: cuando los números resultan incómodos, la respuesta de actores vinculados al poder puede transformarse en un factor de presión que obliga a reforzar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza del debate electoral.