Participación Ciudadana advirtió que en República Dominicana ya se desarrollan actividades orientadas a abrir la campaña para las elecciones generales de 2028 con más de 14 meses de anticipación, en violación de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La denuncia reabre un problema institucional que ya había sido señalado por la Junta Central Electoral (JCE), sin que la advertencia previa lograra frenar el patrón.
La ley establece que la precampaña para 2028 no puede comenzar antes del primer domingo de julio de 2027 y que cualquier acto proselitista previo al 25 de julio de 2027 está expresamente prohibido. Ya el 20 de febrero de 2025 la JCE había advertido que “cualquier actividad proselitista, realizada antes de los plazos establecidos, está prohibida”, incluyendo consultas previas, mecanismos para definir precandidaturas o candidaturas y anuncios públicos de aspiraciones. Sin embargo, más de un año después, Participación Ciudadana sostiene que esas prácticas continúan.
El señalamiento cobra mayor peso porque coincide con un contexto de alza internacional en los precios del petróleo, una presión que, según la propia advertencia, exige la atención y los recursos del aparato estatal. En ese escenario, la persistencia de maniobras electoreras anticipadas refuerza el contraste entre las prioridades ciudadanas y una dinámica política que sigue desbordando los límites legales. El artículo 78, ordinal 8 de la Ley No. 33-18 contempla sanciones para estas violaciones, pero la nueva alerta vuelve a colocar en el centro la exigencia de vigilancia y cumplimiento efectivo de la norma.