Guyana fue presentada en el informe “Panorama actual del Caribe 2024-2026”, elaborado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, como uno de los casos más extraordinarios de crecimiento económico y transformación energética de la región. El estudio atribuye ese salto al descubrimiento y explotación de grandes yacimientos en el Bloque Stabroek, con una producción petrolera iniciada en 2019 y acelerada a partir de 2022.
En ese escenario, el Gobierno dominicano firmó el 14 de mayo un contrato con Guyana para participar en la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo y gas natural en el bloque Berbice. El acuerdo establece que la Refinería Dominicana de Petróleo represente al Estado dominicano y fija para República Dominicana una participación accionaria de 10 % sin inversión directa de capital, una decisión que el oficialismo presenta como un paso estratégico.
Pero el movimiento también abre un frente de fiscalización sobre la gestión de Luis Abinader: el contraste entre el éxito ya materializado de Guyana y la etapa todavía exploratoria del acuerdo dominicano obliga a exigir explicaciones sobre plazos, alcance real y beneficios concretos para la población. Más que el anuncio, lo que queda bajo observación es si esta apuesta se traducirá en resultados verificables o si terminará como otra promesa de alto perfil sin impacto inmediato en la realidad energética del país.