La denuncia de Pascuala López vuelve a poner bajo alerta la falta de protección efectiva frente a fraudes que golpean directamente a familias que buscan una vivienda. Según su relato, la mujer compró por internet una casa en Santo Domingo Este, pactó el pago en RD$1,050,000 tras ver una oferta inicial de RD$1,100,000 y, menos de 15 días después, terminó prácticamente en la calle y sin el dinero entregado.
De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, el contacto se inició a través de una página en internet que promocionaba el inmueble y luego pasó a un hombre identificado como Pedro Cordero, presentado como supuesto propietario. La denunciante explicó que la entrega del dinero se hizo en efectivo, de manera presencial y acompañada por un abogado, luego de que el vendedor alegara no tener cuenta bancaria. Incluso, aseguraron que existe un video del momento en que el hombre recibe el dinero dentro de una entidad bancaria.
Tras recibir el efectivo, el supuesto vendedor les habría dicho que podían mudarse de inmediato. Sin embargo, días después, Pascuala denunció que fue desalojada por el propietario de la vivienda acompañado de militares. El caso, presentado como una presunta estafa inmobiliaria, refleja el costo social de este tipo de fraudes y reabre la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas ante operaciones que dejan a ciudadanos sin vivienda y sin recursos.
