Dos años después de que el presidente Luis Abinader prometiera transparentar la gestión del Gobierno con la publicación periódica de auditorías financieras y de gestión, los propios datos oficiales muestran una brecha entre el discurso y lo que realmente conoce la ciudadanía. En septiembre de 2023, la Presidencia presentó la divulgación de los primeros 19 informes de la Contraloría General de la República como un avance en transparencia y cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
No obstante, entre 2023 y 2024 la Contraloría reportó 206 auditorías y solo 39 fueron publicadas, equivalente al 18.9 % del total. La distribución oficial indica además que otras 39 auditorías estaban listas para publicarse, 67 seguían en proceso, 33 estaban finalizadas pero no se divulgaron y 28 correspondían a gobiernos locales. El contraste entre los anuncios y esas cifras coloca bajo presión la narrativa oficial sobre acceso ciudadano a la información del uso de los fondos públicos.
En lo que va de 2026, la entidad solo ha hecho públicas tres auditorías, correspondientes al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Los informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo pocos frente al volumen de auditorías concluidas o en trámite de aprobación desde 2024, en un escenario que refuerza la exigencia de mayor fiscalización y explicaciones sobre por qué la mayoría de esos procesos no ha sido divulgada.