A pocos días de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decida si el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, será enviado a juicio de fondo por el caso Calamar, la restitución de su visado estadounidense volvió a mover el tablero político y judicial dominicano. El propio Castillo informó que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó su visa por 10 años y presentó la medida como una reafirmación de los principios de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales.
La comunicación se produce en vísperas de la decisión que debe emitir este viernes 29 de mayo, a las 3:00 de la tarde, la jueza Altagracia Ramírez, sobre si Castillo, junto a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, enfrentará o no un juicio de fondo por presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado. La coincidencia de ambos hechos vuelve a poner la atención sobre un expediente de alto perfil y sobre la necesidad de que la respuesta institucional se sostenga en pruebas, garantías y transparencia, más allá del ruido político.
En un escenario marcado por alta tensión, la restitución de la visa no ha sido interpretada como un simple trámite consular, sino como un hecho con impacto político para un dirigente que fue candidato presidencial y que vuelve a ocupar espacio en el tablero electoral del PLD. Con el fallo ya en agenda, el foco vuelve a situarse sobre la justicia dominicana y sobre la exigencia de que una causa de esta magnitud se resuelva con claridad y rendición de cuentas ante el país.