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Fallo preliminar pondrá a prueba la solidez del caso de presunta corrupción contra exfuncionarios del PLD

mayo 28, 2026 · Redactor
Fallo preliminar pondrá a prueba la solidez del caso de presunta corrupción contra exfuncionarios del PLD
Foto: elnuevodiario.com.do

La decisión de este viernes vuelve a colocar bajo escrutinio el expediente del Ministerio Público y las respuestas pendientes sobre el manejo de fondos públicos

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitirá este viernes su decisión sobre la etapa preliminar del proceso por presunta corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios del pasado Gobierno del PLD, entre ellos José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero Ortiz. La expectativa alrededor del fallo ha estado marcada por versiones en los corrillos judiciales sobre la posibilidad de que algunos imputados sean favorecidos con un auto de no ha lugar, en función de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El caso se arrastra desde febrero de 2021, cuando comenzaron los interrogatorios e investigaciones por alegados actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos. A las puertas de esta decisión, el proceso vuelve a exponer cuestionamientos sobre la consistencia del expediente acusatorio, en momentos en que abogados defensores y juristas independientes han señalado falta de pruebas documentales directas para vincular a algunos imputados con los delitos atribuidos.

La defensa de José Ramón Peralta sostiene que la acusación descansa en buena medida sobre declaraciones de delatores premiados y testimonios de coimputados que, según alegan, presentan contradicciones. También se han criticado imputaciones financieras sin auditorías definitivas de la Cámara de Cuentas, mientras la representación legal de Gonzalo Castillo denuncia supuestas violaciones al debido proceso y objeta la legalidad de pruebas periciales que, afirma, fueron obtenidas sin autorización judicial previa. El fallo preliminar, así, no solo definirá el curso del expediente, sino que reabre la exigencia de que los procesos por corrupción se sostengan con pruebas robustas y apego estricto a la institucionalidad.