Luego de más de tres años de investigación, el caso de presunta corrupción administrativa contra varios exfuncionarios pasó a una nueva etapa con una decisión que envía un doble mensaje al sistema de justicia: 35 de los 40 acusados irán a juicio de fondo, mientras cinco quedaron fuera por insuficiencia probatoria en la fase preliminar.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entendió que existen elementos suficientes para que un tribunal determine la responsabilidad penal de la mayoría de los imputados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y otras personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente. Al mismo tiempo, dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados, al concluir que las pruebas presentadas no justificaban enviarlos a juicio.
El fallo, asumido por ambas partes como una victoria parcial, también deja abierta una revisión sobre la solidez de una de las acusaciones más ambiciosas del Ministerio Público. Más allá de la disputa entre defensas y acusación, la apertura a juicio no equivale a condena, pero sí somete a mayor escrutinio un expediente de alto impacto público en el que la ciudadanía sigue a la espera de resultados concluyentes y de respuestas claras sobre el alcance real de las responsabilidades imputadas.