El Ministerio de Educación dispuso prohibir el uso de celulares en las aulas de escuelas públicas y centros educativos privados, una decisión presentada como parte de su papel regulador del sistema educativo. La medida, defendida en el texto original como correcta y conveniente, coloca ahora el foco en la capacidad de la gestión para traducir la ordenanza en mejoras reales dentro de las aulas y no dejarla solo en el plano normativo.
El propio contenido de la pieza admite que la prohibición venía siendo reclamada públicamente desde hace casi un año. También recuerda que en septiembre de 2025 ya se había planteado la necesidad de adoptar una decisión similar, citando que más de 90 países habían avanzado en esa dirección por los efectos del uso de pantallas en niños y niñas. Ese antecedente introduce un contraste inevitable entre el reconocimiento del problema y el tiempo que tomó actuar.
A principios de 2026, según el texto, se produjo además una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps para insistir en la necesidad de que República Dominicana asumiera esa decisión. Con la ordenanza ya emitida, el debate pasa de la felicitación a la rendición de cuentas: cómo se aplicará la prohibición, qué seguimiento tendrá en el sistema educativo y si la medida llegará acompañada de resultados verificables en la calidad de la enseñanza.