La propuesta impositiva acotada que presentó el Gobierno entró al debate público con el argumento de que la presión fiscal en República Dominicana es marcadamente baja, ubicada en 14%, por debajo del promedio regional de 21.7% y también del umbral de 15% que estudios económicos consideran mínimo. Sin embargo, la discusión no se limita a la necesidad de recaudar más: también exige revisar con mayor rigor la capacidad del Estado para sostener nuevas cargas y responder a las demandas sociales con resultados comprobables.
Dado a conocer el jueves, el paquete fue presentado como una fórmula que combina gravámenes y desgravaciones, además de modificaciones y suavizaciones, para lograr mayor aceptación en segmentos relevantes de la población. Aun así, el alcance mismo de la propuesta confirma que una medida de este tipo no puede avanzar sin pasar por liderazgos sociales y políticos, ni sin el contraste de opiniones públicas en el Congreso, donde deberá someterse al escrutinio una decisión de alto impacto económico y social.
El hecho de que sectores no politizados la hayan recibido con una aceptación considerable no elimina la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos ni el derecho de las comunidades y de los intereses legítimos a plantear reparos. Si el Estado exige más ingresos en nombre de su función social, el debate de fondo pasa por demandar que esa mayor recaudación se traduzca realmente en servicios y provisiones institucionales para la población, y no solo en un nuevo esfuerzo contributivo sin suficiente rendición de cuentas.