La discusión sobre la reforma de la seguridad social regresa al debate nacional en medio de un cuestionamiento de fondo al modelo vigente. Desde la aprobación de la Ley 87-01 en 2001, el sistema se presentó como una vía para asegurar pensiones dignas, servicios de salud adecuados y protección social, pero más de dos décadas después amplios sectores entienden que esos resultados no se han concretado y que el esquema ha beneficiado más a sectores económicos vinculados al negocio previsional que a los trabajadores y afiliados.
La propia ley establecía una revisión integral diez años después de su promulgación, aunque esa corrección no llegó de manera profunda ni estructural. En cambio, el país ha visto cambios parciales y coyunturales, descritos como parches que han mantenido el modelo actual sin colocar en el centro los derechos de las personas afiliadas. Esa brecha entre lo prometido y la realidad ha alimentado una crisis de legitimidad social del sistema.
Con el Congreso Nacional llamado a impulsar una reforma integral y el Poder Ejecutivo elaborando una propuesta a través de la SIPEN y la SISALRIL, el énfasis pasa a la manera en que se está construyendo esa modificación. El reclamo de participación de los afiliados aparece como una advertencia institucional: la reforma no puede seguir reducida a tecnócratas, funcionarios y actores económicos, si lo que está en juego es corregir un modelo cuya falta de resultados ha erosionado la confianza ciudadana.