El paquete de medidas económicas presentado por el Gobierno se ha defendido con el argumento de la responsabilidad fiscal y la coyuntura internacional, pero su propio contenido deja claro que la administración ha entrado en una etapa de ajuste, con recortes y una nueva orientación del gasto público. Ya no se trata solo de la versión oficial, sino también de la obligación de revisar cómo se llegó a este punto y cuál será el costo real para la población.
Según el Gobierno, la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas hacen necesario buscar equilibrios para evitar más inflación, menor inversión pública, deterioro de programas sociales y una mayor vulnerabilidad de las familias. Sostiene además que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no elevan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, al tiempo que contemplan la eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y familias.
Con todo, una de las disposiciones incluye el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que sube de 0.15% a 0.20%, un cambio que el oficialismo intenta minimizar al señalar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. No obstante, el debate de fondo sigue centrado en la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la necesidad de que se explique con claridad por qué, en medio de un ajuste, se apela a más cargas y recortes, y de qué manera se protegerá realmente a la clase media y a las familias.