El debate sobre una reforma de justicia fiscal vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre el discurso oficial y los cambios que realmente se concretan. El texto sostiene que una reforma de este tipo no puede quedar circunscrita a las rentas visibles dentro del país y recuerda que filtraciones internacionales como Panama Papers y Pandora Papers sacaron a la luz vínculos de grandes patrimonios y grupos económicos dominicanos con estructuras offshore, un panorama que, aunque no implica necesariamente ilegalidad, sí demanda mayor transparencia, intercambio de información y control sobre la elusión, la planificación fiscal agresiva y la fuga de capitales.
Se valora, eso sí, que el Gobierno haya asumido la presidencia de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, pero la principal alarma sigue estando en lo que no se aborda de manera sustantiva. El texto apunta que el gasto tributario equivale a 4.5% del PIB, unos RD$393,000 millones, y que su componente empresarial representa alrededor del 55% del total, mientras los incentivos fiscales empresariales continúan sin una revisión de fondo. La advertencia es directa: si se exige más esfuerzo a los contribuyentes, debe transparentarse qué privilegios fiscales se revisan y cuáles se conservan por aportar beneficios sociales verificables.
Persisten además vacíos en el terreno del gasto y la amnistía. Según el texto, el Gobierno propone ajustes y racionalización del gasto público, pero sin metas suficientemente cuantificadas ni mecanismos claros de seguimiento, pese a que la promesa de austeridad y eficiencia se ha repetido muchas veces sin cambios sostenidos. Con ello, la reforma queda expuesta a cuestionamientos sobre su alcance real y refuerza la necesidad de vigilancia institucional sobre quiénes soportan el esfuerzo fiscal y quiénes siguen amparados por un esquema de excepciones poco transparente.