El Gobierno propuso reforzar la supervisión sobre las leyes de incentivos fiscales para prevenir abusos en la concesión de exenciones tributarias, en un reconocimiento de que los controles vigentes no han funcionado de manera uniforme. La iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, como parte del paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de percibir por estos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos actuales, pero sí pretende dar una participación más activa al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz afirmó que ya existen disposiciones que facultan a esa cartera para emitir opiniones sobre los incentivos, aunque admitió que esas atribuciones no siempre se han aplicado de forma consistente.
Además, la propuesta dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que busca garantizar que los incentivos se otorguen conforme a la ley, produzcan el impacto económico esperado y mejoren la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.