La Junta Central Electoral advirtió que una reducción superior al 50 % en la partida que el Estado debe entregar a los partidos políticos tendría efectos negativos sobre la certidumbre, la legalidad, la equidad, la seguridad jurídica y la integridad electoral. La advertencia pone bajo la lupa una decisión del Gobierno que, según el propio órgano encargado de organizar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2028, también afecta el ejercicio de la democracia sustentada en el sistema de partidos.
Asimismo, la JCE afirmó que el recorte impactaría la planificación, la organización financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones partidarias, con consecuencias directas en el proceso comicial. El señalamiento cobra mayor relevancia porque, de acuerdo con el artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 20-23, la contribución estatal en años no electorales como 2026 equivale a un 0.25 % de los ingresos nacionales, mientras que en la ley de Presupuesto General del Estado se consignó un 0.12 %.
El ajuste, calculado en unos RD$ 800 millones, ha sido justificado en medio de la necesidad de reunir RD$40,000 millones para mitigar la crisis generada por el aumento y la volatilidad en los precios del petróleo. No obstante, el propio texto subraya que el Gobierno no ha podido demostrar que ese recorte ayudaría de manera significativa a completar ese monto, lo que deja en contraste la urgencia fiscal alegada y el costo institucional advertido por la JCE.