La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aseguró que el nuevo reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE), identificado como DGCP-SNCP 01-2026 y vigente desde el 20 de agosto, apunta a corregir distorsiones, irregularidades y malas prácticas acumuladas durante años en el sistema de compras públicas. La institución afirma que la disposición busca frenar a sociedades que registraban una cantidad excesiva y no estandarizada de actividades económicas para competir en múltiples procesos sin relación con su experiencia, capacidad operativa o actividad principal.
De acuerdo con la DGCP, el ajuste exige que las actividades inscritas en el RPE guarden correspondencia estricta con las actividades económicas declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El organismo sostiene que la norma no restringe el crecimiento de las empresas ni su expansión comercial, pero el anuncio también deja al descubierto la magnitud de las fallas que el Estado toleró por años en un área sensible para el uso de recursos públicos.
La entidad sostiene que la especialización de los proveedores es esencial para una competencia más justa y para mejorar la calidad de los bienes y servicios contratados. Así, el nuevo reglamento queda planteado no solo como una apuesta por el orden, sino también como una prueba sobre si el sistema de compras públicas logra pasar del discurso de transparencia a una fiscalización capaz de reducir los riesgos operativos, jurídicos y financieros que la propia DGCP reconoce en la trayectoria de las contrataciones públicas.