Las advertencias e intimaciones de la Junta Central Electoral no han bastado para frenar el proselitismo a destiempo, dejando al descubierto una falla de control institucional. El escenario se ha mantenido activo desde que concluyó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una modificación constitucional para buscar un tercer mandato.
Pese a que la ley 33-18 dispone que la precampaña electoral y las actividades proselitistas arrancan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes oficialistas y opositores han seguido ocupando el espacio público con acciones adelantadas. La propia JCE, con sus actuaciones, ha terminado por reconocer que las disposiciones vigentes están siendo desbordadas sin que, hasta ahora, las advertencias produzcan efectos reales.
Entre los casos apuntados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE llegó a calificar como un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista hicieron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, una situación que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.