La discusión de la reforma laboral alcanzó un punto de presión después de que la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) manifestara su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya incluido en su informe final las propuestas del sector empleador. Ese planteamiento reabre el debate sobre si la pieza legislativa corregirá distorsiones que, según la entidad, encarecen la operación de las empresas y frenan el crecimiento, o si terminará ampliando costos con impacto sobre el empleo formal.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, afirmó que, para que la reforma cumpla su propósito de impulsar puestos de trabajo formales y mejorar la competitividad, deben atenderse aspectos estructurales que hoy suponen una carga para el sector productivo. Entre esas propuestas mencionó limitar a seis meses el astreinte del artículo 86 para evitar multas acumulativas que comprometan la solvencia de las pequeñas y medianas empresas, revisar el cálculo de la cesantía sobre la base del salario promedio y reconocer formalmente el pasivo laboral como gasto para fines contables y fiscales.
La entidad también propuso elevar de tres a seis meses el período de prueba. Con estas observaciones, el debate legislativo queda sometido a una mayor exigencia de rendición de cuentas sobre el contenido final de la reforma y sus efectos reales, en un escenario en el que el discurso de modernización deberá medirse frente al costo que las decisiones puedan trasladar al aparato productivo y a la sostenibilidad del empleo.