El nuevo Código Penal dominicano llega a su etapa final de implementación con 71 artículos todavía bajo cuestionamiento, mientras persisten las advertencias sobre posibles desafíos constitucionales en su entrada en vigor prevista para agosto.
La alerta fue planteada por Moscoso Segarra, quien situó el debate en el terreno jurídico y dejó en evidencia que la reforma no cierra con su aprobación legislativa, sino que abre una fase de control sobre su compatibilidad con la Constitución.
En ese contexto, la discusión pública no se limita a la fecha de entrada en vigencia. También coloca sobre la mesa la necesidad de revisar el alcance de los artículos observados, el sustento legal de la reforma y el impacto que podría tener en la aplicación de justicia.
El cuestionamiento sobre 71 disposiciones mantiene abierta la presión para una revisión constitucional más amplia, en un momento en que la pieza debe comenzar a regir dentro de pocas semanas. La situación obliga a seguir de cerca si el texto llega a aplicarse con los ajustes necesarios o si su implementación quedará marcada por impugnaciones y controversias.
Hasta ahora, el foco no está en una celebración política de la reforma, sino en los desafíos técnicos y constitucionales que acompañan su puesta en marcha. La discusión seguirá concentrada en la transparencia del proceso, la solidez jurídica del texto y las consecuencias prácticas para ciudadanos, abogados y jueces.