Después de casi dos años de trabajos, la rehabilitación del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como puente de la 17, ya deja ver movimientos en la estructura. Sin embargo, el avance también reaviva cuestionamientos sobre el costo social de una obra considerada clave para la ciudad, entre desalojos, pagos insuficientes y daños en servicios básicos en los alrededores del viaducto.
En Santo Domingo Este fueron desalojadas todas las familias que vivían debajo de la estructura, mientras que en el lado del Distrito Nacional todavía quedan unas 15 viviendas por reubicar. Los afectados manifestaron su molestia por las compensaciones entregadas: aseguraron que recibieron 80, 100 y hasta 200 mil pesos por sus casas, cifras que, según dijeron, no alcanzan para comprar «ni un solar». También afirmaron que los tractores derribaron las viviendas y dañaron tuberías de agua, lo que provoca desperdicio del servicio cuando la Caasd lo envía.
La empresa Proyectos Industriales, S.A. (Pinsa), encargada de la obra, instaló andamios en ambos extremos del puente para facilitar el reforzamiento. Además, con grúas y una barcaza en el río Ozama, se levantan y reemplazan piezas metálicas deterioradas como parte de la intervención. El dato técnico confirma que los trabajos siguen en marcha, aunque también deja expuesta la distancia entre el anuncio de avance y una realidad en la que aún permanecen familias por reubicar y reclamos sin resolver.
En la obra participa un equipo de ingenieros venezolanos especializados, debido a que la estructura fue construida en Venezuela y supera los 50 años. Las autoridades sostienen que esa experiencia resulta esencial para la intervención, que exigió un levantamiento detallado de los componentes estructurales para definir cuáles debían reforzarse o sustituirse. El proyecto contempla también un nuevo sistema de pintura anticorrosiva con una vida útil estimada de 20 años, pero la atención ciudadana sigue centrada en otra pregunta: si una obra de esta magnitud puede exhibirse como suficiente mientras mantiene impacto social, reubicaciones pendientes y dudas sobre el manejo del proceso.